Hemos desarrollado la regulación de los exchanges de bitcoin de forma anticipada
La Comisión Nacional de Valores (CNV) y otras autoridades argentinas han debatido recientemente los avances y desafíos en la regulación del sector financiero y de las criptomonedas durante un evento sobre prevención de lavado de activos.
En este evento, el presidente de la CNV, Roberto Silva, compartió los avances que han logrado en la elaboración de normas para regular los exchanges de criptomonedas en Argentina.
La CNV ha sido designada como la entidad encargada de supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar a los proveedores de servicios con activos virtuales (PSAV), por lo que se encuentran trabajando en una normativa que establecerá los requisitos para el funcionamiento de estas plataformas.
Silva mencionó que la regulación de los PSAV se encuentra en una etapa avanzada y esperan que la normativa sea aprobada pronto. También adelantó que la norma será sometida a consulta pública en un futuro próximo, aunque no especificó la fecha.
Según Silva, el objetivo es encontrar un equilibrio entre la regulación adecuada y la innovación, cumpliendo con las leyes para proteger a los inversionistas. Han tomado en cuenta las opiniones de miembros del ecosistema argentino en este proceso.
El presidente de la CNV enfatiza que las normas deben estar en línea con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), aunque este enfoque ha generado controversia en el pasado. Silva se compromete a no alejar a las exchanges del mercado y a escuchar y entender las necesidades del sector antes de regularlo.
En consonancia con disposiciones del GAFI
Silva reitera que el registro de plataformas de criptomonedas es obligatorio, siendo el primer paso en el proceso de regulación. Hasta el momento, 82 entidades, incluyendo 15 empresas extranjeras, han sido inscritas en el registro de PSAV y han obtenido la aprobación para operar en Argentina.
El siguiente paso será establecer las pautas de supervisión, que podrían incluir medidas como la “Regla de Viaje” del GAFI y limitaciones en las transacciones y la entrega de información a las autoridades.
