Clausura del Gobierno de Honduras de Próspera, la ciudad bitcoin en Roatán.

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El conflicto entre Próspera y el gobierno de Honduras ha entrado en una etapa de mayor confrontación debido al cierre de la ciudadela de bitcoin por parte de las autoridades locales.

Los portones de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en la isla de Roatán fueron cerrados el 14 de octubre por la Alcaldía de Roatán, alegando falta de pago de impuestos. Próspera ha calificado esta acción como ilegal.

El alcalde de Roatán, Ron Mcnab, ha afirmado que no reconocen a Próspera como una nación independiente y destacó que la empresa no estaba cumpliendo con los pagos requeridos. Autorizó a la policía a cerrar el edificio central de la ciudadela.

Próspera ha asegurado cumplir con todas las normativas y pagos requeridos. Han expresado su autonomía como una entidad económica independiente del gobierno.

Agentes policiales bloquearon el acceso a Próspera. Fuente: Próspera ZEDE.

El secretario técnico de la Zona Próspera para el Empleo y el Desarrollo Económico (ZEDE), Jorge Colindres, ha reafirmado que la ciudadela cumple con todas las leyes y regulaciones establecidas. Ha señalado que la ZEDE cuenta con autorización de funcionamiento por 50 años según tratados internacionales.

El conflicto entre Próspera y el gobierno hondureño se intensificó en enero de 2022 con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia, quien expresó su desacuerdo con las ZEDE por considerar que violan la soberanía nacional.

La ZEDE de Honduras decidió adoptar bitcoin como moneda legal, inspirada en Bitcoin Beach de El Salvador y la Bitcoin City anunciada por Nayib Bukele.

Con el cierre de la ciudadela, la Bitcoin City de Honduras se encuentra en una situación legal incierta. La empresa administradora de la ZEDE ha presentado una demanda contra el gobierno por USD 11.000 millones y está actualmente en arbitraje internacional.

Las puertas de la ciudadela permanecen cerradas a la espera de una resolución del conflicto. Se espera un nuevo gobierno en Honduras en aproximadamente 15 meses tras las elecciones de noviembre de 2025.

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