El registro de empresas de bitcoin en España avanza a paso lento

El 1 de enero entrará en vigor la normativa que regulará las plataformas de criptomonedas en España, basada en el Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea (UE).

Según los datos del registro de proveedores de servicios del Banco de España, hasta la fecha se han registrado 37 proveedores de servicios con criptomonedas, sumando un total de 128 empresas autorizadas para operar en España.

A pesar de que el ritmo de autorizaciones es estable, es significativamente menor que en 2022, cuando se autorizaron más de 50 empresas. Sin embargo, quedan pocos meses para la entrada en vigencia de la nueva regulación y las autorizaciones se están otorgando lentamente.

Se espera un aumento en las solicitudes de registro en los próximos meses, ya que es un requisito fundamental para operar en España y la UE. El Banco de España, junto con la CNMV, supervisará el sector según lo establecido en el nuevo reglamento.

La mayoría de las empresas autorizadas hasta ahora tienen su sede en España, aunque algunas tienen su base en otros países europeos. Entre las autorizadas destacan Bitpanda, Bit2Me, BitBase, Onyze, Binance España y Crypto.com, así como empresas de tecnología y servicios de custodia como Vottun y Prosegur.

Esperan aprovechar el período de 12 meses de derechos adquiridos que comenzará en enero. Sin embargo, España enfrenta desafíos para ajustarse a MiCA, y se han contratado empleados adicionales para acelerar los procesos.

Hay dificultades en toda la UE para adecuarse a MiCA

Los reguladores españoles, al igual que otros europeos, están trabajando con ESMA y EBA. Sin embargo, persisten dudas sobre el cumplimiento, lo que dificulta que las empresas completen el registro en toda la región.

Una encuesta realizada por Acuit, que investiga el impacto de MiCA, revela que solo el 9% de las plataformas de criptomonedas, incluidas las españolas, están listas para cumplir con la normativa. Alrededor de un cuarto está en proceso de preparación y más del 25% no han tomado medidas.

Las principales preocupaciones giran en torno a la licencia que deben solicitar las empresas y las incertidumbres sobre si deben cumplir con MiCA. Las autoridades de la eurozona también están en proceso de transponer las normas de MiCA a sus regulaciones.

Los organismos supervisores instan a las empresas a definir su estatus regulatorio y adoptar medidas de cumplimiento antes de la fecha límite de implementación a finales de año.