Argentina se posiciona en contra de la censura en redes sociales

Manuel Adorni, el portavoz presidencial del Gobierno argentino, expresó en una conferencia de prensa reciente su preocupación por cualquier forma de censura. Esto se refiere a la aprobación de una ley en la provincia de Misiones que permite a las autoridades confiscar dispositivos electrónicos sin orden judicial previa.

Adorni también destacó que la censura puede encontrarse tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, donde las cuentas pueden ser bloqueadas o las personas pueden ser atacadas por las mismas empresas. Según él, ambas acciones son ataques a la libertad de expresión.

El portavoz presidencial reafirmó la postura del Gobierno argentino a favor de la libertad de expresión y opinión, incluso cuando se trata de críticas hacia su gestión.

“Tenemos que entender que las críticas aportan valor, corrigen y enseñan. (…) La voz de un periodista, por muy profesional que sea, es solo una opinión más. Cada vez que se abren nuevos canales de streaming, incluso si no comparten la misma ideología, es una buena noticia. Todos debemos escuchar todas las opiniones. Estamos totalmente en contra de la censura en cualquier contexto, incluidas las redes sociales”.

– Manuel Adorni, portavoz presidencial de Argentina.

Misiones aprobó una ley polémica

Para contextualizar las declaraciones del funcionario, es importante señalar que la provincia de Misiones, en el noreste argentino, recientemente aprobó una ley con el objetivo de combatir la difusión de noticias falsas que afecten a personas o instituciones públicas y privadas. La controversia surge en la aplicación de esta ley por parte de las autoridades.

Según el artículo 7 de esta normativa, en casos de presuntos delitos cometidos a través de medios digitales o plataformas de inteligencia artificial generativa, los fiscales podrían decomisar dispositivos electrónicos como celulares y computadoras sin necesidad de una orden judicial, si tienen sospechas fundadas de su implicación en el delito.

El secuestro de dispositivos de uso personal, como teléfonos celulares y computadoras, plantea preocupaciones significativas, especialmente considerando lo subjetivo que puede ser definir qué constituye una noticia falsa, calumnia, difamación o incitación a la violencia.

Los críticos de Carlos Rovira, principal impulsor de esta ley, han manifestado su preocupación por el impacto de estas medidas en la libertad de expresión y la seguridad ciudadana. El abogado Eduardo Paredes incluso cuestionó la constitucionalidad de esta ley, señalando que fue redactada de manera apresurada.