Los ataques a la libertad de expresión en Latinoamérica
La controversia está en marcha. «¿Cuáles son los planes del gobierno contra los medios y la libertad de expresión digital?», se cuestionan en las redes sociales de Colombia al avanzar un proyecto de ley sobre seguridad digital. Mientras tanto, en Argentina, se repite la misma preocupación por la aprobación de una regulación similar en la provincia de Misiones.
Según los informes de los medios colombianos, el proyecto de ley 023 de 2023 presentado por el Ejecutivo propone la creación de la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Esta oficina genera preocupación entre muchos por el temor de que se utilice para restringir la libertad de expresión.
El representante a la Cámara José Jaime Uzcátegui, del partido Centro Democrático, encendió las alarmas al cuestionar los alcances del proyecto presentado en julio pasado por el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y aprobado en el primer debate en Cámara.
El punto 14 del proyecto es destacado por los opositores, ya que otorga a la nueva entidad la facultad de «ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio ante un ataque que afecte a la soberanía nacional y al ecosistema digital, así como a su economía, en coordinación con el Ministerio de Defensa».
Este debate ha generado opiniones encontradas, ya que mientras algunos argumentan que se estaría limitando la libertad de expresión, los defensores de la iniciativa afirman que es necesario establecer protocolos claros ante las amenazas en internet.
En medio de esta controversia, Lizcano afirmó que el gobierno no tiene la intención de interferir o cerrar las redes sociales, sino de abordar temas de ciberseguridad. Explicó que la suspensión de operaciones solo se aplicará en casos en los que se comprometa la soberanía nacional, se afecte el ecosistema digital y se perjudique la economía simultáneamente.
La situación en Colombia se asemeja a la que se vive en Argentina, donde la Legislatura de Misiones aprobó la creación de una Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos. Esta fiscalía tendrá amplias facultades, incluida la posibilidad de incautar dispositivos electrónicos sin autorización de un juez penal en delitos como calumnias, injurias e incitación a la violencia a través de medios electrónicos.
El proyecto impulsado por Carlos Rovira ha recibido críticas por considerarse que atenta contra la libertad de expresión y la seguridad ciudadana. Ariel Pianesi, legislador opositor, se ha manifestado en contra de los artículos 6 y 7 de la ley.
Ante las críticas, la legisladora Anazul Centeno argumentó que el objetivo de la propuesta no es limitar los derechos, sino proporcionar herramientas para proteger a los ciudadanos.
Brasil y Venezuela marcan un precedente negativo
Los proyectos legislativos en Colombia y Argentina generan preocupación por los precedentes existentes en Brasil y Venezuela, donde se han cerrado redes sociales debido a decisiones gubernamentales controvertidas.
En relación con estos casos, se destaca la decisión de un juez de bloquear el acceso a una red social en Brasil, lo que llevó al cierre definitivo de la plataforma para millones de usuarios. En Venezuela, Maduro también tomó medidas similares argumentando violaciones a las leyes del país.
Estas acciones se produjeron en un contexto de tensiones políticas en Venezuela tras las elecciones presidenciales, cuyos resultados siguen en disputa. El bloqueo de la red social y plataformas opositoras se ha extendido más allá de lo previsto inicialmente.
Ante estos casos, existe el temor de que, bajo las regulaciones propuestas en Colombia y Argentina, se puedan adoptar medidas que afecten la libertad de expresión en la región, recordando las acciones tomadas en Brasil y Venezuela.
